El impuesto a la exportación de granos recientemente aprobado por la Cámara de Diputados debería vetarse por el Poder Ejecutivo, eliminarse y su recaudación debería ser reemplazada por un cobro efectivo y pleno del IRAGRO. El instrumento más eficiente sería una sobretasa al impuesto inmobiliario, recaudada por el gobierno nacional, cuyo valor dependiera de la renta potencial del predio, y fuera a cuenta del IRAGRO, sin que los municipios perdieran la recaudación autónoma por el mismo, una especie de impuesto al patrimonio. |
"Los sojeros ganan mucho dinero”; parece ser el argumento de los legisladores y de algunos representantes de la sociedad que sentencian en forma suficiente para eliminar los análisis objetivos de un sistema regresivo y retrogrado de recaudación que fracasa en otros países. No se tendría que castigar a los que ganan dinero, en un afán populista, en un sentido equivocado de actuar como un Robín Hood moderno, de quitar a los más ricos, para dar a los pobres, una mala concepción del sentido distributivo de la riqueza, al contrario se tendría que alentar a que ganaran dinero, para que vuelvan a reinvertirlo y generen en forma indirecta el consumo que es lo que realmente aumenta y genera el crecimiento.
La discriminación en contra del sector agropecuario es consecuencia de que constituye un instrumento aparentemente ideal para redistribuir ingresos, sin considerar que se está violando un principio constitucional, y por el cual en otros países, productores ya han obtenido sentencias favorables. El impuesto a la exportación de granos se trata de un instrumento ideal para quienes creen que la distribución del ingreso es el criterio prioritario de la política económica.
El sector agropecuario parece así condenado a la discriminación. El poder legislativo pretende un capitalismo "social", en la que los derechos de propiedad y del comercio libre han quedado supeditados a los caprichos del poder de turno, los mismos caprichos que aplican con el nepotismo y clientelismo político para contratar funcionarios en forma indiscriminada en la Cámara de Diputados y Senadores.
Algunas falacias a ser despejadas por ejemplo que que el productor rural no paga impuestos: 1- ) Tal vez la recaudación del Imagro sea insuficiente como lo demuestran las estadísticas, pero pagan el impuesto más injusto e indirecto que es el IVA, y los poseedores de grandes inmuebles lo absorben como costo, es más, es imposible para el fisco determinar cuánto es la recaudación del IVA, de estos productores, puesto que por una deficiencia de los formularios no permite discriminar en forma correcta para informarlos en forma discriminada. 2- ) No contribuyen en el mantenimiento de rutas y caminos: todos los camiones que transportan granos, pagan peajes, que es una tasa por conservación de pavimentos, el problema es que nuestras obras viales están mal hechas, por ineficiencia del estado, de ahí que las rutas tengan un rápido deterioro.
El argumento que el Impuesto a la Exportación no es distorsivo, es falaz. Es inexcusablemente distorsivo pues coarta el crecimiento productivo que está íntimamente ligado a la recepción plena del precio internacional. El argumento de la evasión fiscal no los transforma en inocuos, ya que desincentiva mucho más quitarle al productor una parte substancial del precio, que cobrarle el IRAGRO cuando existan utilidades. Por otro lado, evasión existe en todos los sectores.
EL Impuesto a la Exportación debería eliminarse y su recaudación debería ser reemplazada por un cobro efectivo y pleno del IRAGRO. El gobierno cuenta con la alternativa de utilizar mecanismos no distorsivos de recaudación. El instrumento más eficiente sería una sobretasa al impuesto inmobiliario, recaudada por el gobierno nacional, cuyo valor dependiera de la renta potencial del predio. Esta sobretasa no debería operar como un nuevo impuesto sino como un impuesto mínimo, a cuenta del IRAGRO.
La forma más racional es focalizar la política distributiva a través del gasto y en función de la pobreza.
Esta propuesta no es fiscalmente neutral, ya que la recaudación de derechos de exportación excede hoy el impuesto a las Ganancias que le correspondería pagar al sector agropecuario y la atención a la pobreza debería aumentarse. Pero este impacto fiscal es deseable, pues se trata de revertir el peso del sector público sobre la competitividad y el crecimiento económico. Es posible, si el crecimiento de la recaudación no se destina a obras públicas ineficientes o a aumentos salariales sin la contrapartida de reducciones en el empleo clientelista |
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